Y de paso por supuesto el proceso de paz, matando, como se dice en el argot popular, dos pájaros de un solo tiro. Esa ha sido y es la perversa intención del senador Álvaro Uribe y sus adláteres del llamado Centro Democrático, y que al parecer tratará de consumar el subpresidente Duque para complacer a su mentor que es el que verdaderamente gobierna, con el anuncio que ha hecho de objetar por razones de inconveniencia la ley estatutaria de la JEP para impedir en la práctica su adecuado funcionamiento en un ejercicio leguleyo perverso y estéril, pues así se concrete la anunciada objeción, eso no impedirá que la justicia transicional pueda funcionar ya que su mandato dimana de la misma Carta Política que no puede ser modificada con esa clase de artimañas de menor rango legislativo, cuando ya la Corte Constitucional diera su veredicto de constitucionalidad, sentándose la censurable paradoja de que lo resuelto por la Corte resulta inconveniente, no obstante estar ajustado a la Constitución.
Y es que se trata de un procedimiento burdo y pérfido el que hará el subpresidente Duque cumpliendo el encargo, pues las anunciadas objeciones así sean parciales solo tendrán el efecto de que la ley estatutaria no entre en vigencia, porque si lo que se pretende verdaderamente es acabar con la JEP, lo honesto políticamente es proceder a presentar un proyecto de acto legislativo para tratar de tumbarla de frente de acuerdo a los cauces constitucionales, pues lo que literalmente ha pretendido la jauría guerrerista a sabiendas de que la justicia transicional es la columna dorsal del proceso de paz, es tratar de deslegitimarla como se ha hecho también con la justicia ordinaria cuando ha sido adversa a los intereses del senador Uribe acudiendo a todas las formas de lucha, como la película que montó la Fiscalía con el ex fiscal Bermeo, que la misma Procuraduría ya dijo que no había ninguna evidencia de relación con el caso Santrich. En suma, la consigna conspirativa era afectar a la JEP.
Porque los ataques contra el juez transicional, al cual con perfidia desde que fue integrado no se le ha permitido funcionar apaciblemente para que pueda presentar resultados de acuerdo al mandato que ha recibido de la Constitución, han provenido de poderosos francotiradores como el mismo fiscal Martínez Neira en alianza con quien denominara como un patriota, al proponer al Ejecutivo las objeciones que desacatan la Carta Política que no podrá ser modificada en la materia durante los 3 próximos gobiernos; y el inefable presidente del Senado Ernesto Macías que fungiendo de esbirro como lo sabe hacer, le ha solicitado también a Duque que objete “total o parcialmente la ley de la JEP”, porque según su criterio de ignorante constitucionalista la Corte Constitucional no puede legislar, cuando sus sentencias integradoras por ser la misma Constitución tienen mayor rango que la misma ley, demostrando que la ignorancia siempre es atrevida. Lo dicho, de concretarse las objeciones, no sería más que un acto de marrullería política para tratar de tumbar la JEP y el proceso de paz.
