En marzo de este año, la vicefiscal general de la Nación, María Paulina Rivero, habìa anunciado una investigación penal por las presuntas irregularidades que se habrían cometido en la Universidad durante el periodo de Ramsés Vargas como rector. Segunda Brigada del Ejército apoyó las diligencias.
Desde la madrugada de este miércoles, el CTI de la Fiscalía y la Segunda Brigada del Ejército realizaron capturas en distintas partes de Barranquilla de un personal vinculado a la Universidad Autónoma del Caribe cuando estaba en el cargo de rector del alma máter Ramsés Vargas Lamadrid.
Se conoció que el ente investigador detuvo al jefe de sistemas y representante legal de la universidad, Efraín Augusto Maldonado Palma; Orlando Saavedra Magri, vinculado al área financiera de la universidad; Mariano Romero Ochoa, miembro de la sala general de la Universidad y muchas veces rector encargado; Jesús David Pantoja Mercado, ex secretario general;Yeseny Morales Magdaniel, esta última capturada en la ciudad de Bogotá; Cindy Paola Soler Vargas, prima de Ramsés Vargas y empleada del área de tesorería; Laura del Carmen Laíno García, quien se desempeñó en la oficina jurídica y docente la facultad de derecho; Johana Martina Hildebrandt Royo, fue vicerrectora financiera de la Universidad Autónoma, y Pedro Sierra García, uno de los colaboradores de Vargas Lamadrid.
Los sujetos fueron dejados a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata URI de Barranquilla para su judicialización. Por casi 6 meses se realizó el proceso de investigación por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito, corrupción privada, administración desleal, falsedad en documento privado y estafa.
En marzo de este año, la vicefiscal general de la Nación, María Paulina Rivero, informó sobre una investigación penal por las presuntas irregularidades que se habrían cometido en la Universidad Autónoma del Caribe durante el periodo de Ramsés Vargas como rector.
“Hay acusaciones contra el rector, pero formalmente todavía no hay personas imputadas ni acusadas de cometer delitos. Esto justamente es lo que sigue, que la Fiscalía evalúe la incidencia penal de las conductas desplegadas por las personas señaladas. No tenemos ningún señalamiento con incidencia penal”, manifestó la vicefiscal.
En aquel momento, la entonces ministra de Educación, Yaneth Giha, envió sendas cartas a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría en las que pidió su “colaboración en la formalización de unas mesas de trabajo y seguimiento” al caso de la Universidad Autónoma del Caribe.
En las dos cartas, la Ministra de Educación dijo que el propósito de su participación es “prestar apoyo para el avance de las investigaciones”.
En las mismas comunicaciones, indicó que el Ministerio seguirá desarrollando los procesos administrativos de inspección y vigilancia, tanto preventiva como sancionatoria, para asegurar la adecuada prestación del servicio educativo en condiciones de calidad y continuidad por parte del alma máter.
