Mientras el mundo se mueve en otra dirección, Colombia parece estar regresando al pasado, a la Constitución del 86. Duque no ha cumplido cien días en el gobierno y su mandato nada tiene que ver con el eslogan de su campaña con el que llegó al poder: “El futuro es de todos”.
Un variado menú de proyectos de ley y de reforma constitucional (RC) circula hoy por las comisiones del Congreso; un menú que recoge de todo, menos iniciativas relativas a ese país del futuro que nos propuso el joven mandatario para, según él, instalarnos en el siglo XXI; el siglo de las tecnologías y los avances biotecnológicos que no dan espera.
Mientras eso ocurre en otras latitudes, en esta comarca Duque, por acción o por omisión, acompaña a su partido Centro Democrático (CD) en la creación de un tribunal especial para los agentes del Estado o miembros de la fuerza pública en abierto desafío a los postulados de la JEP cuyo fin es la justicia restaurativa para las víctimas; una reforma constitucional direccionada a ocultar la información de la inteligencia militar en razón del conflicto con el pretexto de que se pone en riesgo la seguridad nacional; una ley para limitar el derecho que tienen las mujeres de practicarse un aborto dentro de las causales que la Corte Constitucional estableció; y, como si fuera poco, mientras en el primer mundo –caso Canadá- legalizan el consumo de la marihuana, este gobierno decide decretarle una guerra a la dosis mínima en Colombia.
Diría que Duque nos dijo, más bien, “el pasado es de todos”. Es paradójico todo esto. Mientras a diario se promueven los principios democráticos como soporte de nuestras instituciones, ahora se propone restringir los derechos y cerrarle la puerta a la participación ciudadana. Miremos sucintamente cada una de las mencionadas propuestas que hoy buscan convertir en ley o reformas a la constitución.
La creación del tribunal no es otra cosa que poner en riesgo el futuro de los exmilitares que en razón del conflicto se deben acoger a la JEP si quieren acceder a beneficios que mitigarían la pena que en la justicia ordinaria los llevaría a más de 40 años de cárcel. Cuando digo los pone en riesgo es porque ese tribunal que se pretende crear no daría garantías de imparcialidad según sus críticos y, por ende, pone en la mira de la Corte Penal Internacional (CPI) el futuro de los agentes del Estado, amén de despedazar el derecho que tienen las víctimas a ser reparadas.
Cerrarle la puerta a la Comisión de la Verdad (CV) para que acceda a los documentos de inteligencia que las instituciones del Estado poseen para clarificar los hechos ocurridos en razón del conflicto armado, es ponerle un palo en la rueda al Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición, además de negarle el derecho a las víctimas a conocer la verdad. Esa propuesta fundamenta su preocupación en el mezquino argumento de estigmatizar a los miembros de la CV. Otro juicio más para que la CPI ponga sus ojos en Colombia.
Aunque esta reforma no es del CD, los aliados políticos del joven mandatario en la Cámara la votaron positivamente: extender el periodo actual de alcaldes y gobernadores tres años más con el peregrino argumento que se trata de ahorrarle al país cerca de 500.000 millones de pesos: falso; a mi modo de ver, el motivo central de esa iniciativa es crear un muro para que nuevas fuerzas alternativas, que hoy irrumpen con decisión en el escenario político, logren arrebatarle el poder a la secular clase política. Pero abramos el ojo: poco se habla de la propuesta del senador Álvaro Uribe. El expresidente dice no estar de acuerdo con la extensión de ese mandato, pero propone una salida más atractiva para él: la “reelección inmediata” de los mandatarios locales. Pregunta. ¿Vamos camino a un nuevo articulito? Sobre esto, Duque no ha dicho ni mu.
Una tutela, que también quieren reformar, le amparó el derecho a una mujer para practicarse un aborto pero la Corte Constitucional dejó abierta la ventana para que el Congreso defina el número de semanas que permitan la interrupción del embarazo bajo las tres causales de ley. Este fue el gancho para que el CD -el partido de gobierno- de inmediato presentara una propuesta para ponerle barreras a un derecho que la misma corte asegura, en una sentencia, se debe sujetar a la interpretación moral y única de las mujeres.
Y, para finalizar, qué decir de la dosis mínima: mientras los países del primer mundo van camino a legalizar el consumo de marihuana, aquí, de un plumazo, la restringimos.
Evocando el cuento de Hans Cristian Andersen, este es el traje nuevo del emperador. Bienvenidos al pasado.
*Periodista. Analista Político.
@jairotevi
