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Este país sacudido por un sismo de 8 grados en la escala de Richter, que ha provocado un tsunami de corrupción de vieja data que amenaza los cimientos del mismo Estado de derecho y la sociedad, al punto que prácticamente no hay nada en el sector público y privado que no haya sido permeado por esta plaga, tiene como uno de los ingredientes principales el ejercicio del derecho, pues es palmario que en la mayoría de los grandes escándalos de corrupción se encuentra involucrado un abogado -que los hay por legiones-, y así lo ha concluido sin que sea un gran descubrimiento por ser desgraciada realidad, una comisión de notables encabezados por el procurador Fernando Carrillo, que viene debatiendo sobre la necesidad de una reforma a la justicia que debe comenzar por supuesto en las facultades de Derecho con la formación de los futuros abogados que son los que después van a administrar justicia, porque la ética y los valores sí tienen que ver con el Derecho, contrario a lo que piensan personajes del caletre de Abelardo de la Espriella.
Es así como en un artículo de autoría de Carlos Mario Molina Betancur, Director del Instituto de Estudios del Ministerio Público publicado en la última edición de Ámbito Jurídico, se ha planteado la necesidad de reformar los programas de derecho porque “La falta de formación en valores que se observa en muchos profesionales del Derecho es realmente preocupante, ello propicia la disminución de los estándares de comportamiento legal, y promueve la realización de prácticas indeseables en el ejercicio profesional, lo que en realidad asocia la corrupción con el Derecho”.
Y quien lo duda que es así como se asocia el ejercicio del derecho -ora litigando o administrando justicia- con la corrupción que nos carcome por la carencia de ética y valores, pero eso no se resuelve con la simple reforma de los programas de derecho, porque no se pueden enseñar sino que se transmiten y cultivan desde la más tierna infancia en el seno familiar, pues sabemos que árbol torcido no se puede enderezar, por lo que el gran cambio que ha de hacerse en las facultades de Derecho, -que es bien complicado en este país de la codicia y el todo vale por la mercantilización y el ánimo de lucro que existe sobre el tema-; es hacer la más rigurosa selección posible para estudiar derecho, pero no auscultando en el aspirante sus precarios conocimientos jurídicos o culturales, sino su condición humana y su formación desde el primer tetero, conscientes de que para ejercerlo, y especialmente para administrar justicia, deben ser escogidos los mejores seres humanos, entendiendo, como lo dijera uno de los grandes del derecho, el maestro italiano Piero Calamandrei, que administrar justicia es una función que le hemos raptado a los dioses.
Si esto no se entiende de nada servirán todas las reformas que se hagan para mejorar la justicia y el ejercicio de la profesión jurídica hoy sinónimo de corrupción, con el desastre que representa para una sociedad como que nada se encuentra aislado de la influencia del derecho.