Colombia es un país que ostenta ser una democracia sólida, sin embargo nos hemos llenado de leyes y normas que no nos sirven y otras que son contradictorias e inoficiosas o incluso que nos generan desangre presupuestal. Entre esos proyectos se observan algunos que hacen parte de la reforma política que se tramita en el Congreso de la República, como la segunda vuelta para elecciones de gobernadores y alcaldes y el voto a los 16 años de edad.
Primero analicemos lo que compete a esa propuesta de la segunda vuelta en los comicios regionales, puesto que para la gran mayoría de los colombianos es descabellada no solo porque podría al país estar en constantes elecciones, sino que se constituye en un golpe para el presupuesto público, sin dejar de anotar que también propiciaría mayor corrupción, porque las campañas necesitarían de mayores inversiones y como sabemos es allí en donde comienzan a entrar los dineros calientes.
Es cierto que debe primar la democracia, pero no olvidemos que este es un país pobre y no podemos vivir de ostentaciones políticas. En las elecciones de Congreso y Presidencia de este año derrochamos la bobadita de 1.7 billones de pesos, más 41 mil millones de pesos de la Consulta Anticorrupción y 33 mil millones en consultas de partidos. Este presupuesto ni siquiera lo tienen departamentos como Nariño para financiar su desarrollo en un año.
El planteamiento de esta propuesta está para ciudades con más de 100 mil habitantes y otra en el mismo sentido para las capitales que tengan una cifra superior al millón de pobladores. Pero así sean urbes pequeñas o grandes, los recursos salen del mismo bolsillo, el de los contribuyentes que nos la sudamos todos los días para pagar impuestos y engrosar las arcas del Estado.
Este año el pueblo quedó hastiado de tantas elecciones y esto fue uno de los óbices para que la gente no saliera a las urnas y se incremente la abstención. Igual pasaría si en las regiones se obliga al elector a volver a votar en segunda vuelta con el objetivo de elegir a los mandatarios departamentales y municipales en distintas fechas.
La otra propuesta de la reforma política, llena de inconsistencias y anacronismos, es obligar que voten los menores de 16 años, como si con esto se erradicaría la elevada abstención. Primero, a esta edad un ciudadano es aún inmaduro y sin decir que sea incapaz, puede ser susceptible de manipulación por las campañas y sus mismos padres.
Lo especial de los políticos de este proyecto es que pretenden pasarse la ley por la faja, porque son responsables ante el Código Penal a los 18 años, pero frente al sistema electoral lo serían a los 16.
El voto obligatorio, que también se tramita, podría ser una alternativa más viable, sin embargo va en contra de la misma filosofía de la Constitución del libre albedrío para decidir y concurrir a las urnas y votar por un determinado candidato.
Creemos que estas propuestas se caen por su peso y no deben pasar por ser antipopulares, y mejor los legisladores fijen su atención en hacer de la política un sistema confiable, que se pueda blindar de la corrupción y optimice el ejercicio democrático para recobrar la soberanía del pueblo y bajar de las nubes a los políticos, que son los que de manera absurda se ponen por encima de la ‘Voz de Dios’.
