La decisión del juez de garantías se conocerá el martes en la continuación de la audiencia.
Una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública le solicitó al Juez Promiscuo Municipal de Galeras, con funciones de control de garantías que envíe al alcalde de esa población José Ignacio Hernández Vega, a la cárcel.
Igual pedido hizo para el contratista Arturo Carlos Guzmán Hoyos, representante legal de la fundación Funpader, al tiempo que pidió la prisión domiciliaria para la secretaria de gobierno Dianilis Anaya Armesto.
A los tres los procesan por los delitos de peculado por apropiación en beneficio de terceros, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, pero en el caso del contratista y la secretaria de gobierno tienen uno más y es el de falsedad ideológica en documento público.
Los hechos
Los hechos por los que los procesan tienen que ver con la contratación de 2.461 mercados para las personas más vulnerables del municipio y que fueron entregados en el inicio de la pandemia por la covid-19, es decir, hace dos años.
El lío de este alcalde radica en que contrató, sin ningún tipo de motivación que justificara la necesidad, las ayudas con una persona que no era idónea. El valor del contrato 012020 que se ejecutó en 15 días fue por 170 millones 670 mil pesos con la fundación Funpader.
“En la etapa precontractual y contractual se cometieron una serie de irregularidades, como la transparencia, selección objetiva, planeación, economía e idoneidad, entre otros. El alcalde no explicó las razones por las cuales dicha contratación permitía afrontar la emergencia sanitaria. No se contó con información que identificara la fundación, que presuntamente sería beneficiada, como tampoco se hizo mención a la justificación técnica y económica de la contratación”, expresó la Fiscal 22 en la audiencia de imputación.
Sobrecostos
Lo peor es que no hubo, como en muchos otros casos en el país, estudios de mercados o costos, y por eso la Fiscalía en desarrollo de la investigación detectó sobrecostos.
Fuente: El Heraldo
