El contrato por $3.657 millones es para auditar las cuentas de los partidos. CNE justificó la legalidad en la selección del contratista.
El 23 de diciembre la Registraduría Nacional del Estado Civil firmó un contrato directo, por 3.657 millones de pesos, para que el Consejo Nacional Electoral ejecutara una auditoría externa a los recursos girados por el Estado a todos los partidos políticos durante los años 2017, 2018 y 2019.
Para este proceso de auditoría externa, la Registraduría tenía aprobado un presupuesto de 3.788 millones de pesos que salió de un cálculo del 1% del total de los recursos recibidos por los partidos en las vigencias que se van a auditar, de acuerdo a resoluciones del CNE que fijan ese porcentaje. Este total fue de 378 mil millones de pesos.
Para este contrato se solicitaron cotizaciones a las siete empresas que prestan en Colombia el servicio de auditoría externa con el propósito de realizar un estudio de mercado y de cumplir con el debido proceso en contratación.
Y llama la atención que aunque una de las firmas, Ernst & Young, presentó una oferta por 2.842 millones de pesos, $814 millones menos que la oferta que se terminó seleccionando, no hubiera quedado elegida la oferta más económica pese a que uno de los principios de la contratación estatal es el de la economía.
En los documentos publicados en el SECOP sobre este contrato de auditoría no hay ninguna referencia que descalifique la cotización de Ernst & Young. En los estudios previos se publicó que revisaron favorablemente los requisitos de propuesta técnica, experiencia mínima y equipo de trabajo que presentaron.
Sin embargo, el Fondo de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral terminó seleccionando la oferta de la firma Nexia Internacional Montes & Asociados, por 3.657 millones de pesos, debido a que encontraron que Ernst & Young no cumplía un requisito de experiencia en auditoría de campañas electorales y esta firma ya había trabajado para el CNE en esta labor en 2017 y 2006.
Desde una oficina del Consejo Nacional Electoral se explicó que la contratación se encuentra ajustada a la ley debido a que la empresa que cotizó 800 millones menos no contaba con la experiencia en la auditoría de partidos.
Sin embargo no hay formalmente un documento en los registros del SECOP para este contrato que explícitamente descarte esa cotización, como suele pasar por ejemplo en las licitaciones, pues este contrato es de prestación de servicios y fue suscrito bajo la modalidad directa.
El contratista, a grosso modo, auditará durante seis meses 4.565 informes sobre reposición de gastos de campañas electorales y de gastos de funcionamiento a todos los partidos y movimientos políticos. Un contrato que han celebrado en otras ocasiones.
