La Fiscalía General, la Procuraduría General y la Contraloría General, entregaron un preocupante balance de los primeros hallazgos de casos de corrupción en la celebración de contratos de alcaldías y gobernaciones del país durante la emergencia por el COVID-19.
Las contrataciones cuestionadas están relacionadas, en su mayor parte, con entrega kits de víveres y aseo para población vulnerable, en algunos casos adultos mayores y estudiantes, donde se evidencian algunas veces notorios sobrecostos.
Se trata de 24 procesos disciplinarios en 14 gobernaciones y más de 70 procesos en 55 municipios. Los organismos de control también identificaron un total de 53 procesos contractuales que suman cerca de 136 mil millones de pesos.
Hay presuntos sobrecostos también en la compra de elementos de protección y hospitalarios, así como material quirúrgico.
“Asistimos a uno de los capítulos más dramáticos de la corrupción en Colombia. La corrupción mata cuando no llega un mercado o cuando no entregamos equipos de bioseguridad al personal médico”, dijo el Procurador Fernando Carrillo.
Como primera determinación la Procuraduría General suspendió al gobernador del Chocó, de manera preventiva, y solicitó suspensión del contrato 0198 de 2020 con la Fundación Chocó Saludable, por más de $2.000 millones de pesos, debido a supuestas faltas disciplinarias.
En el primer mes de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la Contraloría analizó 17.486 contratos por $2,1 billones, generando 108 alertas en 26 departamentos que adelantaron contratación por un total de $155.231 millones.
El ente de control abrió proceso de responsabilidad fiscal por $1.050 millones contra Gobernador de Arauca y ordenó 27 indagaciones preliminares.
“No queremos que estos personajes hagan fiestas con los recursos de los colombianos”, dijo el contralor General, Carlos Felipe Córdoba.
Entre las Gobernaciones que serán objeto de indagaciones preliminares están Valle del Cauca, Cesar, Casanare, Tolima, Nariño, Guaviare y Vichada.
Precisamente se abrió investigación por la contratación por $1.020 millones de la estrategia de divulgación del tema del COVID-19 por parte de la Gobernación del Tolima, donde se solicitó oferta económica a una sola firma y se invirtieron recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia Departamental.
La Contraloría también evidenció presuntos sobrecostos de aproximadamente $1.269 millones en un contrato de la Armada Nacional Base Naval #6 ARC Bogotá, para la adquisición de elementos de protección personal.
Un caso llamativo es la contratación con una persona natural de manómetros para balas de oxígeno, donde los presuntos sobrecostos verificados pueden alcanzar más de $40 millones.
La Fiscalía General de la Nación, ha adelantado una verificación sobre 909 contratos, de los cuales se adelantan 63 iniciativas investigativas.
“Gracias al trabajo conjunto, 13 contratos por un valor de 17.000 millones de pesos han disminuido su valor o han sido terminados”, reveló Francisco Barbosa, fiscal general.
La Fiscalía anunció que se iniciaron cinco indagaciones en contra los Gobernadores de Arauca (2), Magdalena, San Andrés y Vichada.
«En este momento hay una investigación que se abrió contra el gobernador de Magdalena ante la unidad de fiscales de la Corte Suprema Justicia», dijo Barbosa.
Se han abierto 38 procesos en etapa de indagación preliminar por presunta violación a los principios de la contratación estatal en contratos celebrados entre municipios y gobernaciones.
