Las labores de control adelantadas por la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía han permitido identificar más de 10 contratos con sobrecostos en el país, adjudicados por alcaldes y gobernadores para tratar temas relacionados con la emergencia que ha generado el coronavirus.
Así lo dio a conocer Felipe Córdoba, contralor General de la Nación, quien en entrevista con Blu Radio dio detalles de algunas de las irregularidades identificadas en la última semana.
«Se revisaron más de 5200 contratos y hemos ya encontrado alrededor de 11 casos por $80.000 millones dentro de los cuales está uno de los contratos en la Gobernación del Tolima, en donde se presenta una propuesta por $420 millones y terminan haciendo un contrato por $1.000 millones para el tema de prestar servicios de publicidad para todo el tema de la crisis del coronavirus», afirmó el Contralor.
«También encontramos presuntos sobrecostos en contratos para la alimentación por más del 27 % en la Alcaldía de Sincelejo o lo mismo lo hacían en la Alcaldía de Coveñas o en la Gobernación del Casanare con la compra de camas hospitalarias o camillas con sobrecostos presuntamente por el 29 % del mismo (…) Nos preocupa porque hemos visto latas de atún a $19.000 pesos contratada por la Gobernación de Arauca y ya no solamente es lo que vimos anteriormente en años pasados como las pechugas a $20.000 sino que también quieren meternos las latas de atún por $19.000», añadió.
Johana Fuentes M.
@JohaFuentes
La gobernación de Arauca hace este contrato por casi 5 mil millones de pesos para entregar mercados a la población vulnerable afectada por el Covid-19, miren los precios: una lata de atún $19959, ni el atún más caro de Carulla vale eso.
Según el Contralor, los hallazgos son resultado del análisis y seguimiento permanente que se realiza desde que el Gobierno Nacional declaró la emergencia. En este momento se está adelantando la estructuración de los casos para que se abran los procesos de responsabilidad fiscal respectivos ante estas infracciones.
«Con estas herramientas ya vemos en línea y en tiempo real qué es lo que sucede. Y quien no nos quiera entregar la información, puede ser suspendido hasta por 180 días, eso quedó en la Constitución», apuntó.
Para combatir la especulación y el acaparamiento, dijo, los entes de control elevaron una petición al Gobierno Nacional para que haya compras centralizadas y que, en cada uno de los departamentos, se establezcan precios tope que no den lugar a alzas indiscriminadas.
