Sigue haciendo carrera en el derecho penal los testimonios de personas extremadamente locuaces, quienes cuentan los más mínimos detalles de las circunstancias en las que se dieron hechos que son motivo de investigación por parte de la Fiscalía. Como en una estructura hecha con fichas de dominó, uno a uno los dichos de los testigos se van derrumbando cuando se contrastan con elementos materiales probatorios recaudados con la diligencia debida.
El sistema penal acusatorio facilita la actuación de los falsos testigos. Se fundamenta en negociaciones de penas para lograr confesiones que permitan resolver los casos más rápido y llegar a todos los eslabones de las organizaciones criminales.
Más allá de los casos que han tenido relevancia en los medios de comunicación, lo preocupante son los procesos en contra de empresarios, comerciantes y pequeños productores. Estas causas representan la mayoría de las investigaciones y tienen a las víctimas de los extorsionistas en los centros de reclusión.
La Fiscalía ha pecado por la falta de rigor en sus indagaciones, explicable porque no hay investigadores suficientes, sin embargo es la posición más cómoda, optar por darle total credibilidad a los testimonios y no acudir a otros medios de prueba con mayor grado de certeza. Para complicar un poco más el panorama de las víctimas, entre los procesados por este delito se encuentran policías, fiscales y abogados litigantes que se aliaron para construir un juicio con base en invenciones o verdades acomodadas.
En su mayoría esta clase de testigos son desmovilizados o exintegrantes de organizaciones de narcotráfico, con quienes se debería tener cierta reserva por pertenecer a grupos de delincuencia que nada tienen que perder al momento de dar una declaración, por eso sus versiones deben ser contrastadas.