“En la práctica, la prisión perpetua no va a servir para nada. Es un esfuerzo inútil, es un desgaste muy grande y con unas consecuencias negativas tenebrosas”. Esta es la síntesis que hace Gerardo Barbosa Castillo, presidente de la Comisión Asesora de Política Criminal, sobre el proyecto de ley que cursa en el Congreso sobre el castigo más severo para abusadores de niños y niñas en el país.
En mayo de este año, dicha Comisión entregó, analizó y debatió este tema emitiendo concepto negativo. Aunque esos criterios no son obligantes sí constituyen una guía para que el Gobierno tenga en cuenta sobre los pros y los contras. Sin embargo, el tema fue puesto en la agenda y actualmente se discute en el Congreso.
Barbosa Castillo asumió la presidencia de la Comisión tras la renuncia de Ricardo Posada que, aparentemente, obedeció a discrepancias tras la decisión del Gobierno y del Ministerio de Justicia de seguir adelante con el proyecto en el Legislativo.
Para el nuevo presidente es claro que el Congreso le va a dedicar “un tiempo significativo a un tema que ya se ha discutido muchas veces, en varias ocasiones y siempre se dice que es inconstitucional”.
Añade que lo ideal sería que cada congresista escuche los argumentos a favor y en contra, y entienda que lo que está en juego es mucho más que una decisión coyuntural.
De darse el visto bueno a la iniciativa, Barbosa dice que debe tenerse en cuenta la capacidad carcelaria instalada, la cual califica de insuficiente, por lo que sería necesario la construcción de nuevos centros penitenciarios, una necesidad urgente desde hace varios años que ha ocasionado una sobrepoblación en los reclusorios nacionales.
“Tratándose de una pena como esta se requiere de una infraestructura específica, que suponga un tratamiento diferenciado incluso de la otra población carcelaria. Se necesitan de nuevos cupos carcelario, lo que genera un costo altísimo, es un monto que debería estar implementado en el presupuesto nacional”, advierte el comisionado.
Plantea Barbosa que este dinero sea invertido en temas de prevención y atención a los menores de edad que puedan ser víctimas de abusadores o, incluso, en programas terapéuticos a quienes ya han sido objeto de cualquier modalidad de delitos sexuales.
