A medida que se acerca del día de las elecciones, aumentan los casos de violencia contra candidatos. Hasta el, 16 de septiembre, el monitoreo de la Misión de Observación Electoral, MOE, reportaba 54 candidatos víctimas de violencia, 40 de ellos amenazados, dos secuestrados, cinco víctimas de atentados y siete asesinados.
Casi todas las colectividades tienen víctimas: de 17 partidos con personería jurídica, en 14 se reportan casos de violencia contra candidatos para las elecciones del 27 de octubre.
Esta es una campaña bajo fuego en la que 496 candidatos han reportado situación de riesgo. Claramente, es un reflejo de la influencia de la ilegalidad en la política colombiana, una situación muy compleja, en la que la interferencia de los actores armados que defienden los negocios ilícitos puede imponer alcaldes, concejales y hasta diputados y gobernadores.
Los violentos intimidan y asesinan a los candidatos que no les convienen, para que les quede el camino libre a quienes desde el poder les pueden ser útiles para sus actividades criminales.
A la interferencia de las disidencias de las Farc, el ELN, las Aguilas Negras y todo tipo de bandas criminales se suma que las campañas recurren cada vez más al odio y al miedo para manipular a los electores, lo que da como resultado un proceso electoral lleno de tensiones y riesgos en el que el Estado no está en capacidad de brindar plenas garantías.
Surgen allí dudas sin respuesta: ¿es correcto hacer elecciones en los entes territoriales donde hay candidatos desaparecidos o asesinados? ¿Es democrático un proceso electoral en el que un candidato es eliminado por los violentos?.
