El presidente, los gobernadores y los alcaldes podrán establecer la ley seca en sus respectivas jurisdicciones. Se establece la biometría obligatoria y los puestos de votación estarán georreferenciados para plataformas de localización.
El Gobierno, la Registraduría, la Procuraduría, el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral anunciaron la presentación al Congreso un proyecto de ley para reformar el código electoral, que ya tiene más de 30 años.
Entre las medidas que trae la iniciativa se incluye el pago de dos días de salario mínimo ($55 mil) a los jurados de votación, transporte público gratis a los ciudadanos y ampliación del horario de votaciones de 4 a 5 de la tarde.
También trae el articulado la creación de un Sistema de Información de Antecedentes para Cargos de Elección Popular, además la Registraduría fijará los puestos de votación seis meses antes de cada elección y se crea el Sistema Integral de Testigos Electorales, como una plataforma para la designación de testigos, asignación a las mesas de votación, que además permitirá a los testigos enviar información en tiempo real sobre la jornada de votación y escrutinios.
De igual modo, se establece que los puestos de votación deben estar georreferenciados para ayudar en su ubicación por plataformas de localización, se incorpora como obligatoria la biometría en todos los puestos de votación y se establece que los candidatos y campañas pueden ofrecer transporte para los votantes, y con obligaciones de reportar este servicio al CNE y al alcalde.
Se incluyó la plataforma de información y capacitación electoral, denominada Sistema Integral de Capacitación Electoral, Sice, y se flexibiliza la ley seca, que queda con un horario general, pero que según las circunstancias de orden público, podrá ser variada por el presidente de la República, los gobernadores y alcaldes.