La Procuraduría General de la Nación anunció que empezará una serie de acciones disciplinarias para funcionarios que incurran en favorecer campañas políticas a través de las redes sociales.
El Ministerio Público anunció que se iniciarán las investigaciones correspondientes a los servidores públicos que utilicen las redes sociales de forma indebida para hacer campañas políticas en favor de algún candidato. Serán sujetos de control alcaldes, gobernadores o funcionarios del Estado en ejercicio y podrán ser acreedores de investigaciones disciplinarias de comprobarse que utilizaron la red social con mensajes proselitistas en esta época electoral.
Para la procuradora delegada para Asuntos Electorales, María Eugenia Carreño, la implementación de vigilancia y alerta por parte del Ministerio Público será pionera para garantizar que no se cometan fraudes de parte de quienes tienen en sus deberes no promover ninguna campaña política. El hecho de que un funcionario utilice la red social para hacer campaña será suficiente para ser investigado por la Procuraduría, con las respectivas indagaciones.
La Procuraduría vigilará redes sociales como Twitter y Facebook, e invitó a los ciudadanos para que denuncien ante el ente de control si conocen que algún funcionario público está realizando estas maniobras, bien sea por estos canales o por chats de difusión, porque con esa evidencia será suficiente para iniciar las investigaciones respectivas.
El procurador General, Fernando Carrillo, expidió en junio la Directiva 08, sobre el cumplimiento de reglas de participación en política de servidores públicos en las elecciones territoriales de 2019, y la Circular 07, que hace recomendaciones para los procesos electorales de autoridades locales y territoriales, convocados para el próximo 27 de octubre. Recordó que en participación en política todos los servidores públicos están sometidos a los límites establecidos en la Constitución Política y en las previsiones contempladas como infracciones o prohibiciones de las leyes 734 de 2002 y 996 de 2005. En aplicación de las normas vigentes ningún servidor del Estado o particular que ejerza funciones públicas, salvo que esté autorizado legalmente, podrá participar en política ni utilizar el cargo para favorecer o respaldar causas políticas de aspirantes a cargos de elección popular, entre otras.
