En todas las constituciones de países democráticos como el nuestro se garantiza el derecho a libertad y a la administración de justicia para todos los ciudadanos; sin embargo, desde hace varias décadas se afirma una sentencia que deja la garantía fundamental en entredicho: “Nada hemos hecho por la libertad y la democracia, si todo ciudadano no tiene acceso a la administración de justicia, por pequeña que sea su causa y por limitados que sean sus recursos”.
La verdad es que los sistemas judiciales están diseñados para las grandes controversias jurídicas, con protagonistas con capacidad económica para hacerse representar por un abogado en un litigio. La población en su mayoría tiene asuntos menores, derivados de problemas del consumo, de pequeñas cuantías, que no llegan al torrente judicial; en primer lugar, porque está diseñado para grandes litigios, donde no hay espacio para asuntos menores y en segundo lugar, porque conseguir un abogado para una reclamación pequeña, puede resultar más costoso que el reclamo mismo.
Por ello, uno de los grandes retos en las políticas de administración de justicia debe encaminarse a aumentar el acceso a la justicia, de todos los ciudadanos, por pequeña que sea su causa y cubriendo la dificultad de las gentes de procurarse un abogado que lo represente en sus reclamaciones.
Definitivamente, la única manera de atender la gran definición de controversias civiles que reclama el grueso de la población es utilizando y difundiendo los mecanismos alternativos para la solución de controversias; conciliación e incluso el arbitraje obligatorio o legal, que suelen ser las soluciones en muchas partes del mundo. Constitucionalmente en Colombia tenemos una dificultad para el arbitraje legal, pues la constitución solo permite la habilitación de los árbitros por las partes y no por la ley. Se requiere la adecuación de la norma.
Para procurar defensores a la población, diferentes países ha desarrollado un sistema de defensoría legal a cargo del Estado, no solo para las causas criminales sino también para los pequeños reclamos de la población de carácter económico; incluso, a veces contratada con los colegios o barras de abogados y así se hace posible, que un pequeño problema, como un traje arruinado en una tintorería, no quede sin solución. Se trata de hacer cultura hacia la solución pacífica del conflicto.
Se ha presentado recientemente ante el Congreso, por el Gobierno, un proyecto de reforma a los Consultorios Jurídicos de las Universidades. Se busca fortalecer el funcionamiento de estas instituciones para “hacerlas más decisivas y funcionales en la asistencia a la ciudadanía. A partir de sexto semestre quienes estudien para ser abogados harán parte de los consultorios.
De igual manera se ajusta y amplía lo relativo a más competencias, habrá mayor cobertura y servicios, mejores modelos de gestión y una estructura administrativa fuerte. Podrán actuar en casos penales de gravedad menor o media, disciplinarios, fiscales, administrativos, de familia y civiles, de arbitraje y otros asuntos de solución alternativa de conflictos, con las limitaciones de complejidad y mayor cuantía que establezca la nueva ley”.
Yo creo que esto está muy bien; sin perder de vista, que la función de una defensoría pública para el ciudadano es una obligación del Estado, que está en mora en nuestro país y que no puede endosarse a las universidades. Además, el estudiante de derecho debe realizar una práctica para completar su formación profesional y no para suplir una ausencia estatal frente a la sociedad.
