Vamos a completar ya tres semanas de la gran minga campesina adelantada al sur del país que prácticamente tiene paralizado esa parte y la verdad sea dicha no se ve en el horizonte cercano una pronta solución.
En este lapso, los bloqueos en distintos puntos de la carretera Panamericana han ocasionado, además de traumatismos de todo tipo, unas pérdidas a los sectores productivos que se calculan en 1.100 millones de pesos diarios, algo que perjudica no solo a la economía de esa región sino del país.
Este paro ya deja un muerto, varios heridos y numerosos detenidos de acuerdo con las informaciones oficiales.
Los indígenas insisten en la presencia del presidente y este dice que no llega mientras persista el cierre de vías, algo que consideramos que está muy bien planteado por el presidente pues no es conveniente ceder a sus pretensiones mediante la vía del chantaje.
Es claro que la movilización de los pueblos indígenas es válida pues han sido ignorados por muchos gobiernos quienes en su momento los han engañado haciendo promesas que nunca se han cumplido para mejorar sus condiciones de vida, y lo más importante para que prevalezcan sus costumbres y arraigo ancestral.
Pero también hay que destacar dos cosas en este movimiento a favor del gobierno, primero y como lo ha dicho el mandatario de los colombianos no se puede prometer lo que el gobierno no está en condiciones de cumplir, así como lo han hecho gobiernos anteriores.
Segundo, es de destacar que en estos diálogos con los líderes de la movilización se haya metido la Contraloría General, pues saber a dónde fueron a parar los recursos que en años anteriores han sido girados por los gobiernos de turno no importa el monto de los mismos, pero que al parecer no han llegado a su destinatario final, es decir a los indígenas.
Lo cierto es que hoy las negociaciones entre los líderes de la minga y el Gobierno no registran todavía avances significativos. Puede decirse que han sido más los desencuentros que los pasos hacia un acuerdo que parece cada vez más urgente.
Es verdad y nos ratificamos en eso que los reclamos de los pueblos indígenas tienen asidero, que la protesta social es legítima y debe ser respetada siempre y cuando no afecte derechos fundamentales de otros, además de que estos reclamos apelan a viejas deudas del Estado con ellos.
El dialogo y la solución a este para debe ser pronto porque de lo contrario vamos a seguir en un escenario en donde no gana nadie y antes por el contrario perdemos todos; indígenas, gobierno y pueblo en general.
