Seguridad y justicia – Por Wilson Ruiz

Wilson Ruiz

Al caso del médico que disparó contra tres delincuentes que intentaron agredirlo cuando cruzaba un puente peatonal en Bogotá, le han seguido otros episodios en los que las víctimas de atracadores se defienden y terminan atacando a sus victimarios.
Más allá de desatar una polémica para dilucidar si esos hechos se podrían enmarcar dentro de la legítima defensa o la justicia por mano propia, lo que se evidencia es un incremento de la inseguridad y carencias en la política criminal. Los ciudadanos decidieron actuar porque se sienten amenazados y no encuentran respuesta en la justicia. La falta de confianza en el sistema judicial es sustentada en su inoperancia, que obedece a diferentes factores, muchas veces ajenos a los jueces o fiscales.
Sea cual fuere la razón, la conclusión es que no hay una justicia oportuna y la impunidad es alta, los delincuentes quedan en libertad y salen a la calle a continuar con su empresa criminal. No puede ser que la ley se aplique con más rigor al ciudadano que trata de defenderse que a quien sale con la intención de hacer daño. Los casos del médico en el norte de Bogotá, el tendero que disparó contra los asaltantes en Medellín o el exmilitar que accionó su arma para evitar ser víctima de fleteo, son hechos que se enmarcan dentro de la legítima defensa, porque se presentaron como una reacción inmediata ante el peligro inminente.
Gruesa tarea tiene el Estado para superar la percepción ciudadana de desamparo. El Congreso, la Rama Judicial, la Fuerza Pública y los entes de control deben aportar su cuota, cada uno desde el ejercicio de sus competencias, para fortalecer la política criminal.

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